Las organizaciones abajo detallados firman esta carta en apoyo al Programa de Fondos para Servicios Legales para Inmigrantes, de la Alcaldesa Bowser, que se compromete en otorgar $500,000 en fondos del Distrito para financiar programas que proveen servicios y recursos específicos a la población inmigrante de DC y sus familias.
El Plan de la Alcaldesa, anunciado en respuesta a preocupaciones por la comunidad inmigrante de DC, es un paso crucial en abordar una necesidad critica de servicios legales entre algunos de los residentes más vulnerables del Distrito. Inmigrantes enfrentando procedimientos de deportación necesitan la asistencia de un/a abogado/a. La mayoría de inmigrantes hablan inglés como su segundo idioma, y procedimientos legales son desafiantes aun para hablantes nativos del inglés. Todas las personas acusadas en casos penales ordinarios tienen derecho a un abogado, al costo del gobierno si fuera necesario. Pero en muchas instancias, las consecuencias de una orden de deportación serán aún más devastadoras que una condena criminal. Este programa señala un compromiso de nuestra Alcaldesa y nuestra comunidad que DC protegerá los derechos de todos sus residentes.
En una carta a la Alcaldesa Bowser fechada el 25 de enero, el Representante Jason Chaffetz (R-Utah) afirma que su plan de usar fondos de DC para pagar la representación legal de individuos sujetos a procedimientos de deportación “parece estar en conflicto con las leyes existentes federales,” citando Sección 292 del Acta de Inmigración y Nacionalidad (INA, por sus siglas en ingles), 8 U.S.C. § 1362, que provee que “En cualquier procedimiento de destitución … la persona en cuestión tendrá el privilegio de ser representada (sin costo alguno al Gobierno) por dicho abogado, autorizado a ejercer en dichos procedimientos, como la persona elija.”
La declaración del Representante Chaffetz que los fondos de DC no pueden ser usados para proveer servicios legales en procedimientos de destitución es solamente su interpretación de la Sección 292. No estamos de acuerdo. En nuestra perspectiva, la ley no prohíbe al Distrito de usar sus propios fondos locales para representar a personas en procedimientos de deportación. Diciendo que la representación será “sin costo alguno al Gobierno,” los autores del estatuto obviamente querían decir sin costo alguno al Gobierno federal, porque el Congreso no tiene poder constitucional para prohibir a gobiernos estatales o locales de gastar su dinero para proveer representación legal a quienes quieran. Sigue que el Congreso no tenía en mente el gobierno de DC cuando se aprobó esa ley.
Además, bajo el Acta de Autonomía del Presupuesto Local de DC, la porción local del presupuesto anual está sometida al Congreso en la misma manera que otra legislación local, sujeto a la desaprobación del Congreso atravesó del proceso legislativo. Si no es refutado, el presupuesto entra en vigor. En nuestra perspectiva, no hay ninguna “ley existente federal” que choca con el plan anunciado por la Alcaldesa.
La carta del Representante Chaffetz también demanda la producción de información voluminosa por parte del Gobierno de DC sobre el plan de la Alcaldesa. Mientras el Comité de Vigilancia y Reforma Gubernamental de la Cámara Baja tiene poderes amplios de investigación, no vemos la necesidad de una investigación acá. El plan de la Alcaldesa se ha hecho público, no es secreto. Imponiendo una “investigación” onerosa al gobierno local es un atento transparente de interferir en asuntos de DC por razones ideológicas que no tienen nada que ver con la legalidad del programa.
El Congreso no deberá interferir con el plan del gobierno de DC de darles a inmigrantes una oportunidad justa de presentar una aplicación para relevo migratorio o una defensa en procedimientos de deportación ya puestos en marcha. No es la primera vez que el Congresista ha intentado interferir con leyes del gobierno local. El Representante Chaffetz debe respetar los deseos de los más de 650,000 residentes del Distrito de Columbia quienes pagan impuestos federales, han electo democráticamente a un gobierno municipal, y quienes no lo eligieron para representarles.
Firmado por:
La Clínica del Pueblo